Argentina: Una Resolución que excluye a las personas con discapacidad

Según el último censo (2010), en Capital Federal viven alrededor de 60 mil personas con discapacidad motriz permanente. Son muchas más de las que parecen a juzgar por las que se ven en filas de cines y teatros, paseando en un shopping o comiendo en restaurantes. Sin duda muchos de esos establecimientos son inaccesibles.


¿Sabés por qué pasa esto? Porque una Resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo permite.

¿Qué demandamos?

Que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 309 (2004), que permite que los locales comerciales, en especial las grandes cadenas, queden injustamente exceptuados de la Ley de Accesibilidad.

¿Qué dice la Ley?

La Ley 962, de “Accesibilidad Física para Todos”, dispone que todo edificio de concurrencia masiva, de propiedad pública o privada, deba adecuar sus instalaciones a fin de garantizar el acceso, circulación y permanencia de las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida.

¿Todos los edificios están obligados a efectuar esta adecuación?

Deberían. No obstante, la Ley prevé tres requisitos que admiten su incumplimiento: que los edificios sean preexistentes a la sanción de la Ley (2002), que no se hayan realizado obras de amplificación, y que no puedan modificarse las características dimensionales y físicas de las circulaciones verticales y horizontales.

¿Por qué discutimos la Resolución 309?

Porque limita los requisitos establecidos por la Ley, reduciéndolos a dos: preexistencia e inexistencia de obras de ampliación. Además, dispone que, para ampararse en la excepción, basta la presentación de una simple declaración jurada del particular y del profesional encargado de la obra como mecanismo de control. Es sabido que en muy pocas oportunidades la dirección de habilitaciones hace controles para constatar la veracidad  de esa declaración jurada. En la gran mayoría de los casos, con la simple declaración jurada, se otorga la excepción que permite acogerse a la Resolución 309 para no realizar obras de acceso.

¿Qué más?

La resolución omite exigir que “no puedan modificar las características dimensionales y físicas de las circulaciones verticales y horizontales”. Esto significa que, a la hora de otorgar una habilitación, el Gobierno de la Ciudad no exige el cumplimiento del principal requisito que exime del total cumplimiento de la Ley de Accesibilidad: el que efectivamente prueba que el edificio en cuestión no puede ser reformado.

Entonces…

Esta Resolución se ha convertido en el principal obstáculo en la implementación de las normas de accesibilidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Lograr su declaración de inconstitucionalidad producirá un gran impacto en las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida.

Los/as jueces/zas poseen la facultad y la obligación de pronunciar una sentencia acorde con los parámetros constitucionales vigentes respecto de las personas en general. Aún mayor debe ser su obligación civil y moral con las personas con discapacidad. ¿Será Justicia?

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Gracias Totales.

Publicado el febrero 19, 2015 en Uncategorized y etiquetado en , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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