CASO ERNESTO CASTILLO PAEZ (Secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por la dictadura fuji-montesinista)

“No hay futuro posible que pueda construirse en base a un olvido injusto” (Lanata) Ernesto Castillo Paez, estudiante de sociología de la PUCP en los 90’s fue desaparecido, torturado y asesinado por la policía un 21 de octubre de 1990 Que su historia, como la de los más de 15 mil peruanos desaparecidos nos sirva no sólo de reflexión, sino de acción. aquí tienes varias entradas para conocer su historia.

Muchos idolatran el ex-gobierno, un infernal decenio, de Alberto Fujimory, donde destruyo la democracia e implanto su corrupta dictadura que hasta hoy hay destellos. Sé y he leido de varias desapariciones, miles… mas nunca lei de Ernesto, y lo he leido, y como defensor de los derechos humanos, como anti imperialista, tengo el deber de publicar esta historia. Me pongo en su lugar, o tú ponte en su lugar, te gustaria que yo escriba de ti, y no sólo escribir sino que se unan a esta lucha por la justicia, nunca habra paz en la sociedad cuando hay omision de reparaciones civiles.

Nació el 3 de junio de 1968 en Lima. Estudiaba Sociología en la universidad La Católica de Lima y era parte de sus estudios realizar algunas prácticas de investigación en los centros poblados de los alrededores de Lima denominados “pueblos jóvenes” o “asentamientos humanos” donde habita mayoritariamente gente de bajos ingresos considerados pobres.

Un domingo 21 de octubre de 1990, a los pocos meses de haberse instalado el gobierno del ciudadano de origen japonés Kenya Fujimori, fue al distrito de Villa El Salvador a realizar una de estas investigaciones y al promediar la mañana la población de ese distrito se vio invadida por fuerzas policiales en un operativo destinado a contrarrestar una marcha pública en el centro de este distrito, llevada a cabo por elementos subversivos pertenecientes a Sendero Luminoso.

Cuando Ernesto se encontraba transitando una calle lejos del lugar de la marcha, se le acercó un vehículo policial denominado “patrullero”, bajaron unos policías y uno de ellos se dirigió a Ernesto apuntándole con su arma ordenándole con palabras soeces que se detenga, orden que Ernesto cumplió, le pidieron sus documentos personales, lo arrinconaron contra la parte lateral del patrullero, le revisaron su ropa, lo despojaron de sus lentes y sin mediar ninguna razón le ordenaron que se introdujera en la maletera del vehículo el que luego partió con dirección desconocida. (Versión extraída de las declaraciones de los testigos presenciales que vieron su detención a tan sólo dos metros de distancia).

A partir de ese momento nunca más supimos de él. Y aún en este momento no sabemos qué es lo que pasó con él ni dónde se encuentra, pero siendo política de los gobiernos de García y después de Fujimori de detener, torturar, asesinar y desaparecer a las personas que para ellos eran sospechosos de pertenecer a los grupos subversivos, deducimos que igual suerte corrió nuestro querido hijo Ernesto.

– Búsqueda, denuncia y proceso judicial

No quisiera recordar esos trágicos momentos de una cruel y lacerante incertidumbre de un doloroso transitar desde imaginar el momento de verlo y proveerlo de todo el apoyo personal y material y sobre todo de saberlo con vida y de hacer todo lo imposible por defenderlo, para ir decayendo con el transcurso de los días en las penitentes negativas de las autoridades policiales a todos los intentos por reencontrarlo, al rechazo de la idea de que Ernesto nunca más estaría entre nosotros que el correr del tiempo nos lo iba imponiendo.

Al cabo de tres días de infructuosa búsqueda recurrimos inmediatamente al poder judicial denunciando su desaparición a través de un recurso de hábeas corpus presentado ante la jueza Dra. Greta Minaya Calle, acusando como responsables a:

Gral EP Adolfo Alvarado Fournier, Ministro del Interior
Gral PNP-PG Víctor Manuel Alva Plascencia, Jefe de la Policía Nacional, y
Gral. PNP Enrique Oblitas Jaén, Jefe de la Dircote.

Adolfo Alvarado Fournier
Mientras por nuestra propia cuenta nos dedicamos a recorrer el distrito de Villa El Salvador a donde ese infausto día se dirigió tratando de ubicar con una fotografía reciente de él en mano el lugar donde habría sido detenido, preguntando casa por casa si lo habían visto, hasta que el segundo día, pudimos finalmente dar con el lugar mediante la confirmación de varios vecinos que vieron su detención por elementos policiales que bajaron de un vehículo oficial.

Por su lado la jueza Minaya desarrolló una incansable gestión investigatoria visitando distintos locales policiales dentro del área donde se produjo el operativo policial como de la oficina central en Lima, interrogando además a las autoridades denunciadas en el hábeas corpus y finalmente recogiendo los testimonios de los testigos oculares que vieron la detención de Ernesto.

El resultado fue que encontró importantes elementos indiciarios probatorios de la captura de Ernesto por personal de la policía que participaron en ese operativo, no obstante la persistente negativa de reconocerlo, con lo que sustentó firmemente su resolución de ordenar a las autoridades del gobierno que Ernesto sea puesto de inmediato en libertad.

El gobierno apeló ante la segunda instancia, el Octavo Tribunal Correccional de Lima, el que luego de escuchar los alegatos de la defensa y del gobierno, resolvió respaldar la resolución favorable de la jueza Minaya, lo que significaba que el Ministro del Interior, Gral. EP Adolfo Alvarado Fournier fuera acusado constitucionalmente por el Congreso de la República, como responsable del delito de lesa humanidad “Desaparición Forzada”.

Esta sentencia fue favorablemente comentada por los principales diarios de Lima y exhibida como un loable ejemplo de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y los derechos humanos. “Se trata de un mandato que, por primera vez en nuestro tiempo un tribunal de justicia, ordena el procesamiento penal de un ministro de Estado y de altos jefes de la policía por su responsabilidad en el secuestro y desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez…” (diario La República, pág. 23, del 02 de enero 1991). 

Desde luego que esto no agradó al gobierno, viéndose obligado a manipular el proceso para lo cual, basado en su poder, buscó en el nivel supremo del poder judicial, los jueces corruptos que nunca faltan y fabricaron un ilegal recurso de queja para que sea finalmente la Corte Suprema quien decida la sentencia final. Y como no podía ser de otra manera, declararon el hábeas corpus improcedente y como señal de su poder para disuadir a nuestro abogado defensor, Dr. Augusto Zúñiga Paz, le entregaron un sobre suplantando su origen, que contenía explosivos, los cuales al ser entreabierto el sobre explotaron ruidosamente y le amputaron parte de su brazo izquierdo (15 de marzo de 1991)

El proceso se remite al 14 Juzgado Penal de Lima, a cargo del juez Luis Vargas Valdivia con el evidente fin de que el proceso se dilate el mayor tiempo posible y termine siendo archivado. Hecho que se produce con su sentencia del 19 de agosto de 1992 exculpando a los denunciados, sin castigar a nadie y ordenando que la Fiscalía “individualice a los verdaderos autores”.

El proceso continuó como si recién empezara a un ritmo extra lento, sin logros de ninguna especie respecto de los responsables del crimen, más bien en el trayecto fueron exculpando a los policías señalados en los niveles inferiores por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Lima en su resolución del 31 de octubre de 1995.

Es importante resaltar que como parte de nuestros esfuerzos por obtener justicia se logró coordinar con un sector de la cámara de diputados para que se denuncie a los miembros de la Corte Suprema que permitieron que nuestro hábeas corpus declarado fundado en sus dos instancias, sea readmitido en contra de lo que las leyes establecen y se les abra una Acusación Constitucional por varios delitos siendo el principal “contra los deberes de función y deberes profesionales en la modalidad de prevaricato”

El 15 de diciembre de 1991 se nombró una Comisión Dictaminadora de la Acusación Constitucional, integrada por cinco diputados, la que luego de su trabajo terminó emitiendo dos dictámenes: uno de mayoría acusatorio (cuatro diputados) y otro optando por la improcedencia del antejuicio, suscrito por el representante aprista Genaro Vélez Castro. Pero todo no avanzó más porque el 5 de abril de 1992 se produjo el autogolpe de Fujimori y las Fuerzas Armadas, instalándose en el Perú una dictadura que duró hasta el año 2000.

– Nuestra demanda es atendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El 12 y 13 de noviembre de 1990 con el asesoramiento de la Comisión Andina de Juristas de Lima (CAJ) elaboramos el informe de denuncia de la desaparición de Ernesto para presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos). Esta Comisión mantuvo un constante seguimiento del proceso judicial en Perú y cuando el Estado Peruano dio por terminado el proceso sin condenar a nadie, archivando el caso de esta manera, se le pidió a esta Comisión eleve por su intermedio nuestra petición de denuncia ante la CIDH, lo que ocurrió el 13 de enero de 1995.

El 6 y 7 de febrero de 1997 la CIDH celebró la audiencia pública sobre el fondo del caso y ante la presencia y participación de las personas presentadas por los demandantes, principalmente dos de los cuatro testigos y la Dra. Greta Minaya y por los representantes del gobierno peruano, un tal Mario Cavagnaro Basile, esperamos un tiempo prudencial en espera del contenido de su sentencia.

El 03 de noviembre de 1997, la CIDH emitió su sentencia, resolviendo por unanimidad que el Estado Peruano (bajo el gobierno del dictadorzuelo Fujimori) violó en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez, los siguientes derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

1. Y A la libertad personal
2. A la integridad personal
3. A la vida
4. A un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes,

Y por lo tanto, por unanimidad, que:

5. El Estado del Perú está obligado a reparar las consecuencias de esas violaciones e indemnizar a los familiares de las víctimas….

El 09 de junio de 1998 la CIDH lleva a cabo una audiencia pública para escuchar los argumentos de las partes sobre la indemnización y gastos en el presente caso. Emite su sentencia definitiva el 27 de noviembre de 1998.
En ésta se destaca en el punto 2, textualmente: “Que el Estado del Perú debe investigar los hechos del presente caso, identificar y sancionar a sus responsables y adoptar las disposiciones necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación”

Asimismo en la página 33, párrafo 103, reitera lo establecido en la sentencia del 03 de noviembre de 1997, página 24, párrafo 90:

“En relación con las violaciones a la Convención Americana anteriormente citadas, la Corte considera que el Estado Peruano está obligado a investigar los hechos que las produjeron. Inclusive en el supuesto de que dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y en su caso dónde se encuentran sus restos. Corresponde por tanto al Estado, satisfacer esas justas expectativas por los medios a su alcance. A ese deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables de las mismas. TALES OBLIGACIONES A CARGO DEL PERÚ SE MANTENDRÁN HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO…..”

– Cumplimiento de la Sentencia de la CIDH en el Perú

El gobierno de Fujimori hizo caso omiso de su cumplimiento y recién cuando huyó del Perú , durante el gobierno provisional que lo sustituyó, del Dr. Paniagua se reactivó el proceso penal contra todos los policías que participaron en el operativo y su jefe el Crnl.PNP(r) Juan Carlos Mejía León.

El responsable: Coronel Juan Carlos Mejia León
El reinicio del proceso judicial (28 diciembre de 2000) significó para nosotros nuevamente una tortura interminable. Soportar la lentitud y la falta de voluntad de los fiscales y luego de los jueces para resolver un caso sobre el cual ya habían actuado anteriores jueces, con una mayor celeridad bajo nuevas circunstancias políticas que de alguna forma prometían un cambio positivo en la administración de justicia, elevaron al máximo nuestra impotencia.

Gracias a la persistente acción de nuestros abogados y a la intervención personal nuestra durante los períodos que regresábamos de Holanda donde residíamos, ante los fiscales y después de los jueces, y también por la difusión de algunos periódicos, recién el 21 de julio de 2005 entra a su fase final a cargo de la Sala Penal Nacional, presidida por el vocal Dr. Pablo Talavera Elguera.

– Juicio oral público a los policías acusados ante la Sala Penal Nacional

Dieciséis miembros de la Policía Nacional (quince subalternos y un coronel) fueron acusados de participar en el delito de desaparición forzada del estudiante universitario Ernesto Rafael Castillo Páez. Este proceso duró cerca de ocho meses, hasta el 20 de marzo de 2006 en que fue dictada la sentencia.

Una de las etapas más importantes del juicio oral fueron las audiencias en la que las dos testigos que vieron muy de cerca la detención de Ernesto (2 metros aproximadamente) reconocieron de entre los policías acusados, al que detuvo a Ernesto no obstante los 15 años transcurridos, con absoluta seguridad al agente Juan Fernando Aragón Guibovich.

La sentencia condenó a 15 años a los policías que conducían el vehículo de donde bajó el policía que lo detuvo. Estos son:

Juan Fernando Aragón Guibovich
Manuel Santiago Arotuma Valdivia, y
Carlos Manuel Depaz Briones.

Y a 16 años, al coronel(r) Juan Carlos Mejía León, el oficial que dirigió el operativo policial en el que detuvieron a Ernesto.

Luego de la lectura de la sentencia tanto los sentenciados como el fiscal acusador y nuestra defensa la apelaron y esta subió a la Corte Suprema, más concretamente a la Primera Sala Penal Transitoria, la que después de revisarla y estudiarla y escuchar a las partes que apelaron, emitiría el veredicto final inapelable.

– El triste papel de algunos vocales de la Primera Sala Penal Transitoria y su gestión dilatoria

Realizadas las audiencias de ley ante esta Sala conformada por cinco vocales, emite su primera Sentencia el 18 de diciembre de 2007 ratificando por unanimidad la pena a los tres policías subalternos, mas dividida respecto de la pena al principal inculpado, el coronel (r) Juan Carlos Mejía León: Los vocales supremos Raúl Valdez Roca, Hugo Antonio Molina Ordóñez y Guillermo Vinatea Medina, ratificaron su condena, mientras que Sivina Hurtado y Lecaros Cornejo inclinaron su voto por su absolución.

Esto dio lugar a que la Sala tenga que llamar a un nuevo vocal dirimente para que decida este extremo de la sentencia, ya que para que una sentencia sea declarada firme se requiere de la aprobación de cuatro vocales. La Sala convocó al vocal Robinson González, un magistrado conocido por sus cuestionadas resoluciones en favor de la liberación de acusados de delitos en apoyo al régimen dictatorial fujimontesinista.

Cuestionado Vocal Supremo Robinson Gonzales votó a favor de la impunidad

En efecto, esta sospecha se materializó con su voto de apoyo a la posición de la absolución de Mejía, el 22 de mayo de 2008, produciéndose un empate de 3 votos entre ambas posiciones. Era necesario pues nombrar a un segundo y final vocal dirimente lo que recayó en la persona del señor Carlos Zecenarro Mateus.

Este vocal demostró con su voto la verdadera vocación de quien adhiere su función a la tarea vital de administrar justicia de conformidad con los lineamientos que rigen la ley y la razón. Y su voto no podía ser otro que ratificar la condena dada al principal responsable de la desaparición forzada del estudiante Ernesto Rafael Castillo Páez. En consecuencia, la Sentencia emanada de la Sala Penal Nacional quedó ratificada en todos sus extremos por la Primera Sala Penal Transitoria en su resolución del 30 de junio de 2008 hecha pública el 14 de agosto del 2008.

NOTA FINAL: Sobre el caso, Cromwell Castillo, padre de Ernesto escribió un libro con todos los detalles sobre su desaparición hasta la emisión de las sentencias por la Corte Interamericana de DD. HH. Su título: ¿Dónde está Ernesto?

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Acerca de Eleuteros

Gracias Totales.

Publicado el octubre 15, 2010 en Corrupcion, Descuartizadores, Dictadura fuji-montesinista, Fotografia, Fuji-montesinismo, Heroes, Homicidio, Imperialismos, Justicia, Periodicos, Periodismo, Persecucion, Peru, PUCP-Peru, Reparaciones civiles, Secuestro, Sociología y etiquetado en , , , , , , . Guarda el enlace permanente. 8 comentarios.

  1. DIGAN LA VERDAD HE LEIDO SU POST SOBRE EL SENDERISTA ERNESTO CASTILLO PAEZ,UNA PERSONA SUPUESTAMENTE DESAPARECIDA,NO PUEDE ASEGURAR COMO UDS. LO HACEN DE DECIR QUE FUE TORTURADOADEMAS NO DICEN LA VERDAD,QUE ERNESTO CUANDO DESAPARECIO ESTABA COMETIENDO ACTOS TERRORISTAS EN VILLA EL SALVADOR,QUIEN LO CONOCIA BIEN ERA SU CAMARADA JUAMLUIS GOMEZ DEL PRADO EL MSIMO QUE DIJO QUE EL FUE ENTERRADO CLANDESTINAMENTE POR SUS CAMARADAS SENDERISTAS YA QUE RESULTO HERIDOGRAVE Y QUE DESPUES COMUNICARON A SUS PADRES TAMBIEN MIEMBROS DE SENDERO LUMINOSO CRONWELL CASTILLO Y LA CAMRADA CARMEN ROSA PAEZ,YO ESTOY EN CONTRA DEL TERRORISMO DE ESTADO,PERO TAMBIEN ESTOY EN CONTRA DEL TERRORISMO DE SENDERO LUMINOSO.

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    • Buen Día

      Buen punto has tocado, si tienes algo que decir, y con objetividad, es decir, con argumentos serios, me puedes escribir y publicar tu punto de vista sobre este caso.
      Espero tu respuesta.
      Sldos.

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  2. 1.-LA JUEZ QUE INICIO ESTE PROCESO ES LA DRA. GRETA MINAYA,NO SER UNA MAGISTRADA IMPARCIAL,AL CONTRARIO SE PARCIALIZO POR LO SIGUIENTES PUNTOS.
    A.-LA DRAS.MINAYA PESE A SU EXPERIENCIA COMO JUEZ CUANDO LE PRESENTARON LA ACCION DE HABEAS CORPUS DE ERNESTO CASTILLO PAEZ(CAMARADA APODADO COMANCHE) EN SU UNIVERSIDAD,EN LUGAR DE IR PRIMERO A LA COMISARIA DE VILLA EL SALVADOR,PARA VERIFICAR SI ESTABA DETENIDO CASTILLO, ESTA SE FUE A 15 KM DE DISTANCIA DONDE QUEDA LA COMISARIA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES,NO BUSCO NUNCA AL SUPUESTO DETENIDO EN LA JURISDICCION DE VILLA EL SALVADOR DONDE SUCEDIERON LOS PRESUNTOS HECHOS.
    B.-LA DRA MINAYA A PESAR DE SER UNA JUEZ CON BASTANTE EXPERIENCIA SABE QUE ELLA DESPUES DE QUE TERMINO SU ACTUACION EN ESTE CASO COMO AUTORIDAD,ELLA NO PUEDE INVOLUCRARSE,PERO TUVO UNA CONDUCTA SOSPECHOSA,POR CUANDO ESTE CASO TERMINO CON LA SENTENCIA A LOS POLICIAS ELLA SE ENCONTRABA EN LA SALA DE AUDIENCIAS CON LOS FAMILIARES,ES DECIR ESTABA PARCIALIZADA,CONLO QUE QUEDABA PROBADA SU CONDUCTA POR DECIR LO MENOS SOSPECHOSA,ES DECIR INTERESADA.
    C.-POR TODOS Y MAS CONCEPTOS QUE ESTAN DENTRO DEL EXPEDIENTE,QUEDA DEMOSTRADO Y PROBADO,QUE TANTO LA FAMILIA ,LA JUEZ GRATA MINAYA, ,EL IDEELE,JUSTICIA VIVA Y EL DR. CARLOS RIVERA,ARMARON ESTE PROCESO Y LO LLEVARON A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERCHOS HUMANOS, EL ESTADO PERUANO POR SU NO HIZO UNA BUENA DEFENSA DE ESTE CASO,ESTO LO ESCRIBO EN CUANTO AL INICIO DEL PROCESO,TODO ESTO ESTA EN EL EXPEDIENTE DEL PROCESO,NADA HE INVENTADO YO.JESED POCO A POCO TE DARTE MAYORES DATOS,YA TE LLEGARAN.

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  3. EL EXPEDIENTE INICIAL ES 225-2001 DEL 13VO.JUZGADO DE INSTRUCCION DE LIMA,ADEMAS ME OLVIDA DE DECIR,PRIMERO QUE HAGO UN DESLINDE TOTAL,QUE RECHAZO TODO DELITO DE LESA HUMANIDAD,TERRORISMO DE ESTADO YA SEA EN CONTRA DE PERSONAS INOCENTES ,ASI COMO INTEGRANTES DE CUALQUIER ORGANIZACION TERRORISTA,PARA ESO EXISTE LAS LEYES,ESA ES UNA BASE DE UNA DEMOCRACIA Y SISTEMA LEGAL.PERO SI TAMBIEN RECHAZO A LAS PERSONAS ,QUE VALIENDOSE DE MENTIRAS,SIENDO MIEBROS DE UNA ORGANIZACION TERRORISTA SE ESTEN APROVECHANDOSE DE LA DEBILIDAD DE LOS GOBIERNOS DEMOCRATICOS Y CULPAR A SIMPLES CIUDADANOS QUE EN SU MOMENTO LES TOCO DEFENDER A SU PAIS,ESTE ES EL CASO DE LA FAMILIA CASTILLO,YO NO DIGO QUE ERNESTO CASTILLO PAEZ EL SUPUESTO DESAPARECIDO ES TERRORISTA LO DIJO LA PERIODISTA CECILIA VALENZUELA CUANDO FUE LLAMADA A DECLARAR EN EL JUICIO ORALHABLO TAMBIEN DEL PRIMO DE ERNESTO, ABEL MALPARTIDA PAEZQUE TAMBIEN ERA MIEBRO DE SENRO LUMINOSO,ASI MISMO SU PRIMO GORKI ERNESTO TAPIA PAEZ,EL RECONOCIO SER MIEBRO DE SENDERO LUMINOSO,EL SOLICITABA DESDE SUECIA ASILO HUMANITARIO A LA ONU,ESO ESTA EN LOS ARCHIVOS DE LAS NACIONES UNIDAS,NADA ESTOY INVENTANDO,TODO ESTA ESCRITO YA SEA ENEL EXPEDIENTE DEL JUZGADO Y DE LA ONU,AHORA EN SU UNIVERSIDAD LA CATOLICA DE LIMA,TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA EPOCA ES DECIR DE LOS AÑOS 90 LO CONOCIAN A ERNESTO CASTILLO PAEZ CON EL APODOP DE COMANCHE,ASI MISMO ERA UN ESTUDIANTE MEDIOCRE,NO ASISTIA REGULARMENTE A CLASES ,DEBIA PENSIONES,ES DECIR NO LE INTERESABA LA UNIVERSIDAD,EN EL MES DE OCTUBRE DEEL AÑO 90 EN LA CIUDAD DE LIMA TODOS LOS FINES DE SEMANA LOS MERCADOS ERAN VICTIMAS DE ATENTADOS,PARA VERIFICAR ESTO ESTAN LOS PERIODICOS DE LA EPOCA,REZAN EN SUS ARCHIVOS.YO LE DOY ESTA INFORMACION POR QUE HE ESTADO INVESTIGANDO ESTE CASO Y NO PODEMOS QUE UN HECHO FALSO SE TENGA DE JURISPRUNDENCIA ,CUANDO ESTE NO SUCEDIO NUNCA,NO DIGO QUE ERNESTO CASTILLO ESTE DESAPARECIDO LO QUE DIGO ES QUE ESTE EN EL ATENTADO DE VILLA EL SALVADOR HUBO ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICIA Y SEGUN SU CAMARADA,JUAN LUIS GOMEZ DEL PRADO,ESTE RESULTO HERIDO Y FUE LLEVADO POR SUS CAMARADAS Y COMO SABEMOS ELLOS LOS ENTIERRAN CLANDESTINAMENTE Y LUEGO DICEN QUE LA POLICIA LOS DETUVO.AHORA ORA COSA EN CUANTO A LA ACTUACION DE LA JUEZ GRETA MINAYA,ESTA JUEZ NO ESTABA DE TURNO,PERO COMO LAS ACCIONES DE HABEAS CORPUS LA PUEDE RECIBIR CUALQUIER JUEZ PENAL,APROVECHARO ESTA COYUNTURA Y ARMARON ESTE MUÑECO QUE LLEVARON HASTA SORPRENDER A LA CORTE INTERAMIERICANA,LA CUYAL LES FAVORECION CON UNA REPARACION DE CASI CERCA AL CUARTO DE MILLON DE DOLARES QUE RECIBIERON DE PARTE DEL ESTADO PERUANO,LA MAMA DE ERNESTO MUY SUELTA DE HUESOS DICE QUE NO LE ALCANZA POR LO QUE SOLO PUDE VENIR AL PERU DOS VECES AL AÑO,YO CREO EN DIOS,CREO QUE AL FIN Y AL CABO SALDRA A LA LUZ,TODAS LAS MENTIRAS.

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  4. Tremenda joyita resultó la Greta Minaya….

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  1. Pingback: Articulo Indexado en la Blogosfera de Sysmaya

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