Prisiones privadas, un fenómeno que preocupa por su crecimiento: Entrevista al investigador Stephen Nathan

La semana pasada asisti a un seminario en el Ministerio de Justicia en Lima – Peru (15 al 17 de Oct/08) donde asistieron personas a favor, aunque suene ilogico, de las personas encarceladas. De ellos aprendi un monton, del instituto Ilanud, que desean no privatizar las peninteciarias, ya que su negocio de las APP (Asociaciones Publico Privadas, es el nombre que se dan a estas empresas) es crear mas carceles, sino dar un buen servicio a los reos, ya que estar en las prisiones es privarlos de la libertad pero no de la dignidad. Ya que si tratamos bien a los reos, no van a reincidir, y tendremos una sociedad mejor, cosa que no ocurre con la privatizacionde las peninteciarias, como lo vemos en el caso chileno, donde debido a la entrega de unas carceles a las APP hay mas suicidios de reos y mas reincidencias. Estoy a favor de la desmilitarizacion y despolicizacion de las carceles.

Prisiones privadas, un fenómeno que preocupa por su crecimiento
El sistema implica una delegación de responsabilidades del Estado en compañías transnacionales, que las ofrecen como “”el paraíso”. El comercio a partir de la privación de la libertad. La expansión del sistema en América Latina.

La privatización de prisiones es un fenómeno que se ha expandido en los últimos 25 años. Surgió como supuesta alternativa de solución a la superpoblación de penales y al gasto que significa la administración penitenciaria estatal. Con gran difusión en Estados Unidos, la práctica -y el negocio- se extendió hasta países europeos. Hoy se registran casos en Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Alemania. Hace pocos años, el fenómeno llegó a Latinoamérica. Las cárceles privadas ya funcionan en Chile, y los gobiernos de Brasil, México, Honduras y Perú ya las han aplicado o están considerando tal posibilidad.

En la Argentina, si bien no hay casos concretos de prisiones privadas, hubo un intento legislativo en la provincia de Mendoza para contar con un sistema mixto, pero hasta ahora no prosperó.

La aplicación de esta metodología provoca controversia desde el momento en el que grandes compañías lucran a partir de la población privada de libertad. Y su crecimiento en América Latina preocupa a quienes rechazan este sistema. Por eso, en el marco del seminario sobre Sistemas Penitenciarios y Derechos Fundamentales en América Latina que se realizó días pasados en esta ciudad, uno de los temas de debate fue la privatización de prisiones. Expusieron el criminólogo Elías Carranza y el investigador Stephen Nathan, especialista en el tema y editor del Informe Internacional sobre Privatización de Prisiones, publicado por los Servicios Públicos de la Unidad de Investigación Internacional de la Universidad de Greenwich, Inglaterra. En diálogo con El Litoral, Nathan describió esta tendencia y explicó sus riesgos.

-¿Podemos hablar de que hoy las prisiones privadas son una tendencia mundial?-Hay un empuje global para privatizar todos los servicios públicos, y los sistemas de justicia criminal están dentro de estas áreas. Es un mercado objetivo para una serie de corporaciones transnacionales. Pero no es una tendencia global. Es una aspiración de la industria; es algo que ellos quisieran que pase, pero la mayoría de los sistemas de prisión en el mundo son todavía manejados por el gobierno. Y los ejemplos que existen tampoco son del todo un sistema penitenciario privatizado; son una o dos prisiones, o en el caso de Estados Unidos hay un siete por ciento de reclusos bajo este sistema, de modo que todavía es una cifra muy pequeña comparada con el número de prisioneros. En la región de Latinoamérica, desde el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), se cree firmemente que el sistema carcelario debería ser responsabilidad de los gobiernos. -¿Cuál es el peligro de la privatización de la prisión?-En primer lugar, le saca la responsabilidad al Estado, cuando ésta es una función fundamental del gobierno. En segunda instancia, una vez que se creó un mercado, ese mercado siempre se tiene que estar extendiendo, lo que va contra los intereses de la sociedad. Porque no está en los intereses de una comunidad tener millones de personas encerradas. Sí debe ser de su interés tratar las causas por las cuales se cometen ciertos crímenes o delitos. Los recursos se deberían destinar a servicios de salud, sistemas de bienestar social, programas de empleo y eliminar las causas de la pobreza. -¿El Estado ahorra dinero con estos sistemas? ¿De quién es el negocio cuando se privatiza una cárcel?-De las compañías. Los contratos existen y están diseñados por el gobierno para asegurarse de que habrá oferentes en las licitaciones. La única forma en que el sector privado participa en este juego es si los contratos le dan beneficios y ventajas. De otra forma no participan de una licitación. -¿Las cárceles se vuelven más deshumanizadas?-Varía mucho de un país a otro, de una prisión a otra, de una compañía a otra. El problema es que la privatización hace que se quiten varias capas o áreas de responsabilidad, lo que vuelve difícil el ingreso para las familias de los reclusos, para las organizaciones que respaldan a los internos, y para los abogados, las ONGs, las instituciones de derechos humanos e incluso para el propio gobierno, que es el que está pagando. Creo que el sistema no garantiza la seguridad de los prisioneros y ni siquiera del personal. -¿Entonces tampoco son cárceles más seguras?-Sabemos que en el intento de reducir costos, la seguridad pública adentro y afuera se compromete. -¿Son más violentas?-Sí, particularmente en Estados Unidos. Y ha habido alguna investigación de derecho en California que ha demostrado que si uno no invierte en trabajo, se crean condiciones para más violencia. También sabemos que como las prisiones privadas tienen menor índice (número) de personal, en muchos casos son los reclusos los que dirigen la prisión y no los guardiacárceles, porque el personal de las prisiones privadas por lo general no tiene experiencia y no tiene a nadie por encima de ellos. Los prisioneros están cada vez más familiarizados con el sistema; ellos toman el control. -¿Entonces,el agente penitenciario aparece en un rol más debilitado?-Sí, está debilitado; es un tema de falta de orden. Tampoco hay evidencias de que las prisiones privadas reduzcan la tasa de reincidencia. Y si el rol de las prisiones es rehabilitar, entonces sabemos que este experimento no tiene nada mejor que la prisión en manos del Estado. -¿No contribuyen la reinserción social?-Ellos (los empresarios) van a decir que sí, pero en la realidad no se está mejor con ese sistema. Y como dije al principio, la prisión no es el lugar apropiado para la mayoría de la gente que termina ahí. Se los necesita tratar de otra forma, y las prisiones en general, ya sean privadas o públicas, se han convertido en lugares de depósitos para los enfermos mentales y gente con otro tipo de problemas sociales como drogas; gente a la que se debería tratar fuera de la prisión. -Se trata de generar otras instancias para evitar directamente que las cárceles se sigan poblando…-Exactamente. Debería haber políticas y recursos para evitar que esa gente llegue al sistema de justicia criminal. Estamos criminalizando demasiados tipos de comportamientos.

La vacuna de la información

El titular del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, Elías Carranza, elogió la línea de trabajo que ha elegido el gobierno de Hermes Binner en materia penitenciaria.

“”Nos encanta apoyar a la provincia en esto. Pero siempre hay que estar alerta en toda la región porque mañana -advirtió- puede venir un futuro gobierno con funcionarios que, inclusive de buena fe, se encuentran frente a estas transnacionales que muestran un paraíso, y ni siquiera por corrupción sino por falta de información, creen haber encontrado las soluciones al problema penitenciario, lo cual causaría un grave daño”.

Carranza, quien también expuso en el seminario sobre los intentos de privatización de prisiones, definió esta actitud como un antídoto para evitar males mayores. “”Esta vacuna de informar lo que está pasando hay que difundirla en toda América Latina y en todos los países de bajos ingresos, porque es una nueva forma de explotación y comercialización con cosas tan graves y tan importantes como la misma Justicia Penal y la prisión, que sufren miles de personas en la región en condiciones a veces inhumanas”, expresó.

Para el especialista, hacer de estas cuestiones un comercio es gravísimo. “”Ésa es la razón por la que ponemos el tema sobre el tapete y por la que nuestro Instituto está yendo a todos los países de la región que estén dispuestos a hacer lo que hay que hacer para evitar que la Justicia se convierta en un negocio”, concluyó.

 

 

Seminario Internacional sobre “Sistemas penitenciarios y derechos fundamentales”

El Ministerio del Interior y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario coordinan el Seminario Internacional “Sistemas penitenciarios y derechos fundamentales”, que organizan el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia.

 

El Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia, organizan un seminario sobre “Sistemas penitenciarios y derechos fundamentales”.
La apertura del evento se realizará a cargo de Elías Carranza, Director de (ILANUD), que disertará sobre el tema “Cárcel y Justicia Penal. El modelo de derechos y deberes de Naciones Unidas, y una política integral de seguridad de los habitantes frente al delito”. Los comentarios estarán a cargo de legisladores de los diferentes partidos políticos.

Elías Carranza
Criminólogo, Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente ILANUD, con sede en Costa Rica. Como investigador trabaja en política criminal, sociología criminal, y sociología del sistema de justicia penal.
Ha enseñado en diversas universidades y centros de estudio. Es autor de varios libros y numerosos artículos publicados en revistas especializadas. Cabe nombrar sus libros “Justicia Penal y sobrepoblación penitenciaria: respuestas posibles” (SIGLO XXI, 2001); “Delito y Seguridad de los habitantes” (Siglo XXI, 1997); “Criminalidad: ¿prevención o promoción?” (EUNED, 1994 y 1997); “Sistemas penitenciarios y alternativas a la prisión” (DEPALMA 1992, con Houed, Mora y Liverpool); “Infancia, adolescencia y control social en América Latina” (DEPALMA 1990, con E. García Méndez, coordinadores); “Sistema penal y derechos humanos en Costa Rica” (EDUCA 1989, con H. Isa y M. León); “El preso sin condena en América latina y el Caribe” (ILANUD 1983 y 1988, con E. R. Zaffaroni, M. Houed y L. P. Mora).
Por su función en el instituto de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe tiene conocimiento de primera mano sobre la criminalidad y los sistemas de justicia penal de los países de la región.

Stephen Nathan
Es la principal autoridad internacional en el tema de privatización de prisiones. Investigador independiente y periodista, también es el editor del “Informe Internacional sobre Privatización de Prisiones” (PPRI, http://www.psiru.org/justice) publicado por los Servicios Públicos de la Unidad de Investigación Internacional, Universidad de Greenwich, Inglaterra.
Radicado en Londres, durante más de 20 años ha investigado y escrito sobre el crecimiento e impacto de las privatizaciones. Como asesor y consultor es autor de numerosos informes y artículos, asimismo es colaborador frecuente en los medios de comunicación internacionales.
Es autor de dos capítulos del libro “Capitalist Punishment: Prison Privatisation & Human Rights (Clarity Press and Zed Books, 2003) y de otros importantes capítulos de libros de próxima aparición.

Christer Isaksson
Psicólogo, actualmente es Jefe de seguridad del Sistema Penitenciario de Suecia.
Ha trabajado por muchos años en el sistema penitenciario, fue gobernador de prisiones y jefe de capacitación del personal.
Experto del Consejo de Europa en materia penitenciaria. Ha trabajado como experto en capacitación de personal penitenciario para el Instituto Raoul Wallenberg en países de Asia y África. Para Reforma Penal Internacional en Afganistán, Argelia y Líbano. Así mismo para el ILANUD en América Latina.

 

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Acerca de Eleuteros

Gracias Totales.

Publicado el octubre 18, 2008 en Amor, Consejos, Derechos Humanos, Entrevistas, Etica, Leyes, Nuevas Tendencias, Opinion, Penitenciarias, PROGRESO, Trata, Vida y etiquetado en , , , . Guarda el enlace permanente. 2 comentarios.

  1. Jorge Delgado Salazar

    La administracaión de los sistemas carcelarios, es una responsabilidad indelegable del estado, encargado de la administración de la justicia, como corresponde en democracia. La administración de la justicia, no debe convertirse en un negocio, pues bien es sabido que las empresas que están en el mismo, lo que buscan es lucrar, no les interesa brindar servicios de calidad, por eso contratan personal que no es especializado en la atención de las personas privadas de libertad. No es posible que el estado y la sociedad civil, pierdan capacidad de control y veeduría sobre esta alternativa, que en mi opinión es también inmoral, en tanto se lucra con aquellos a quienes la sociedad no les ha ofrecido las oportunidades de desarrollo personal y social (mayoritariamente están llenas de personas que provienen de sectores sociales carenciados, lo cual no significa que ser pobre es ser delincuente). La vulnerabilidad psicosocial, conduce en muchos casos a la vulnerabilidad sociopenal, que permite al sistema, atraparles con más facilidad. Por eso, el mismo tiene un caracter clasista. Las inversiones privatizantes, además, afectan integralmente a los sistemas penitenciarios, pues esos contratos implican pagar sumas exhorbitantes para “atender” a un grupo reducido de internos, mientras el resto sobrevive en condiciones miserables, creando más inequidades e injusticia. Por eso, el estado debe invertir más en la prevención de la violencia y el delito, para prevenir el ingreso de muchas personas a las cárceles, espacialmente los/las jóvenes, pues más que represión, lo que necesitan son oportunidades.

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